Proyecto 2025 y su Efecto en las Familias con Inmigrantes

Katheryn Olmos, Luc Thomas, Ernesto Castañeda, & Robert Albro*

Noviembre 1, 2024

Proyecto 2025 es una agenda de políticas públicas desarrollada por la Heritage Foundation, destinada a ser implementada durante los primeros 180 días del posible segundo mandato presidencial de Donald Trump, en caso de que gane las elecciones del 2024. Este manifiesto tiene 922 páginas y está dividido en cinco secciones, la primera de las cuales se titula “Tomar las riendas del Gobierno.” Si se pone en efecto, este plan tiene el potencial de transformar por completo la estructura del gobierno federal y cambiar el país en su totalidad. 

Los Lazos con Trump

El 5 de julio, el expresidente Trump declaró: “No sé nada sobre el Proyecto 2025. No tengo idea de quién está detrás de esto” (Trump). Reiteró este sentimiento durante el debate presidencial del 10 de septiembre, afirmando que él no tiene “nada que ver con el Proyecto 2025” (NBC). 

Sin embargo, tras bastidores, la situación parece bastante diferente. En una grabación filtrada por el Center for Climate Reporting, Russell Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto durante la administración de Trump, miembro del comité de plataforma del RNC y coautor del Proyecto 2025, reveló que Trump ha “bendecido” a la Heritage Foundation y que “[Trump] apoya mucho lo que hacemos.” Vought también indicó que “no le preocupa” que Trump se distancie públicamente de la iniciativa e indica que esto no debe tomarse en serio.” [Trump] ha estado en nuestra organización. Ha recaudado dinero para nuestra organización.”  

Además, varios funcionarios de alto rango de la administración de Trump han sido clave para dar forma al Proyecto 2025. Entre estos contribuyentes se encuentran el ex-asesor de la Casa Blanca Peter Navarro, el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Ben Carson, el ex jefe de personal de la Oficina de Administración de Personal (OPM por sus siglas en inglés) Paul Dans – ahora director del Proyecto 2025 – y Spencer Chretien, exasistente especial, que actualmente se desempeña como director asociado del Proyecto 2025. 

¿Cuáles son sus implicaciones para la política de inmigración de los Estados Unidos? 

El Proyecto 2025 tiene importantes implicaciones para la política de inmigración, entre ellas:

Finalización del Muro de Trump 

“Asignación obligatoria para la infraestructura del sistema de muro fronterizo. Los fondos asignados se utilizarían para financiar la construcción de sistemas, tecnología y personal adicionales para el muro fronterizo en lugares estratégicos” (página 147). 

Lo que dice: Se propone aumentar la financiación para ampliar el muro fronterizo entre los Estados Unidos y México, que aumentaría la vigilancia fronteriza y el contrato de más miembros de la patrulla fronteriza. 

Impacto: La finalización del muro fronterizo puede llevar a que los migrantes decididos busquen métodos más peligrosos para cruzar la frontera, lo que resultaría en un aumento de abuso y violencia hacia los inmigrantes. Las expansiones del muro de Trump actualmente tienen 30 pies de altura y ya han resultado en un aumento de muertes y lesiones graves debido a caídas de migrantes (NIH). Solo en El Paso, en los siete meses posteriores al aumento de la altura del muro, la Patrulla Fronteriza y personal de salud han respondido a 229 lesiones por caídas del muro, incluyendo piernas rotas y lesiones cerebrales o de la columna vertebral (NBC).  

Con la construcción de segmentos adicionales del muro, los inmigrantes indocumentados decididos a cruzar la frontera se enfrentarán a estos riesgos. Más segmentos del muro podrían empujar a aun más personas al desierto de Sonora, aumentando la mortalidad migrante (UCLA). La expansión del muro de Trump profundiza las tensiones que ya existen entre Los Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos, ya que el muro se percibe como un símbolo de división en lugar de cooperación. En lugar de tener fronteras mortales, políticas de inmigración humanas y efectivas podrían proteger mejor los derechos humanos y fomentar relaciones internacionales positivas. 

Aumento de la Militarización de la frontera  

“Departamento de Defensa: Asistir de manera agresiva en la construcción del sistema de muro fronterizo en la frontera sur de Estados Unidos. Además, reconocer explícitamente y ajustar el personal y las prioridades para participar activamente en la defensa de las fronteras de Estados Unidos, incluyendo el uso de personal y equipamiento militar para prevenir cruces ilegales entre los puntos de entrada y canalizar todo el tráfico transfronterizo hacia los puntos de entrada legales” (páginas 166-167). 

Lo que dice: El Proyecto 2025 pide un aumento de presencia militar en la frontera entre los Estados Unidos y México, que probablemente se utilizará para reforzar protocolos de inmigración.  

Impacto: Habrá una mayor presencia militar en la frontera entre los Estados Unidos y México, con más autorizaciones directas al uso de fuerza militar, lo que podría llevar a encuentros más violentos con inmigrantes, independientemente de las circunstancias. Esto pone a los migrantes en un mayor riesgo de encuentros extremos y violentos con la patrulla fronteriza. Además, existe incertidumbre sobre cómo podrían cambiar los centros de detención en respuesta a estas medidas. La militarización de la frontera podría resultar en una mayor militarización de los centros de detención, lo que incrementaría la probabilidad de situaciones hostiles y abusivas para los migrantes en dichos centros. 

Deportación Acelerada de Inmigrantes y Deportaciones Masivas  

“Para maximizar el uso eficiente de sus recursos, ICE debe hacer pleno uso de las autoridades de Deportación Acelerada (Expedited Removal ER) existentes. La agencia ha limitado el uso de ER a extranjeros elegibles detenidos dentro de las 100 millas de la frontera. Este no es un requisito legal” (página 142). 

“ICE debe ser identificadas como responsable de enforzar regulaciones civiles de inmigración, las que incluyen el arresto civil, la detención y la expulsión de infractores en cualquier lugar de los Estados Unidos, sin orden judicial cuando corresponda” (página 142). 

Lo que dice: La política actual de ICE sobre la Deportación Acelerada (ER) que aplica en un radio de 100 millas de la frontera se ampliaría bajo el Proyecto 2025 para permitir que ICE detenga a presuntos migrantes indocumentados sin una orden judicial en cualquier parte del país. 

Impacto: El proceso de ER ya es controversial, ya que permite a los oficiales de inmigración arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados sin una orden o audiencia judicial. Además, “a diferencia de otras órdenes de expulsión, una orden de ER normalmente no puede ser apelada y conlleva una prohibición de cinco años para el reingreso en la mayoría de las circunstancias” (American Immigration Council). El proceso de ER es inconstitucional, ya que viola el derecho al debido proceso (due process) (Houston Law Review). Los oficiales de ICE podrían ser los que deciden el destino de los solicitantes de asilo, u otros inmigrantes con circunstancias especiales en lugar de un juez de inmigración, quien debería estar tomando la decisión. A medida que ICE y el control migratorio se vuelven más poderosos, se aumenta el temor sobre el impacto en las comunidades que ya son marginalizadas, donde una autoridad sin supervisión podría causar más daño y desigualdad. 

Restaurar el Título 42 

“Crear una autoridad similar a la del Título 42. Autoridad de Salud Pública que se ha utilizado durante la pandemia de COVID-19 para expulsar a extranjeros ilegales a través de la frontera inmediatamente cuando no se cumplen ciertas condiciones sanitarias, como la pérdida del control operativo de la frontera” (página 147). 

Lo que dice: El Título 42 fue una política aplicada durante la pandemia de COVID-19 que restringió la inmigración para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, específicamente COVID-19. El Proyecto 2025 exige que se restaure un proceso como el Título 42, pero no solo para circunstancias excepcionales de emergencias de salud pública. Más bien, se aplicaría a cualquier circunstancia en la que se considere necesaria la expulsión inmediata de los inmigrantes. 

Impacto: Mientras el Título 42 estaba en vigor, el gobierno solicitó la expulsión inmediata de los inmigrantes y solicitantes de asilo que llegaban a la frontera sin una audiencia judicial, lo que violaba el derecho constitucional al debido proceso. La política menciona específicamente su aplicación en casos de “pérdida del control operacional de la frontera”, lo que podría interpretarse de manera amplia y utilizar siempre que las autoridades lo consideren necesario, independientemente de los hechos de cualquier caso individual. La vaguedad en torno a las circunstancias de la aplicación de dicha política podría terminar con la posibilidad de pedir el asilo en la frontera. 

Eliminación de “Zonas Sensibles” 

“Todos los memorandos de ICE que identifican ‘zonas sensibles’ donde el personal de ICE tiene prohibido operar, deben ser revocados. Confiar con el buen juicio de los oficiales en el campo para evitar situaciones inapropiadas” (página 142). 

Lo que dice: El Proyecto 2025 establece claramente que quieren deshacerse de las “zonas sensibles” y las zonas libres de ICE.  

Impacto: Las áreas protegidas existen para garantizar que miembros de la comunidad tengan acceso libre a servicios esenciales, como (y no limitados a) escuelas, instalaciones médicas, lugares de culto o estudio religiosos (CBP). A ICE no se le permite entrar a estas áreas sin el permiso adecuado, ni llevar a cabo típicas acciones policiales como arrestos, aprehensiones civiles, registros, inspecciones, incautaciones, entrega de documentos de acusación o citaciones, entrevistas y aplicación de control migratorio. La eliminación de las “zonas sensibles” permitirá que las autoridades saqueen estos lugares, que se consideran refugios seguros para los inmigrantes. 

Aumento de Espacio en los Centros de Detención 

“El Congreso debería ordenar y financiar espacio adicional en camas para los extranjeros detenidos. ICE debería recibir fondos para un aumento significante en los espacios de detención, elevando el número de camas disponibles a diario a 100,000” (página 143). 

Lo que dice: El Proyecto 2025 tiene como objetivo por lo menos duplicar el número de migrantes posibles retenidos en centros de detención (hasta 100,000). En este momento, la cuota diaria de espacio para inmigrantes en detención enfrentados a la deportación es de 41,500 camas (Congreso). 

Impacto: Al aumentar la capacidad de detención, el Proyecto 2025 busca expandir e institucionalizar la detención de inmigrantes indocumentados o solicitantes de asilo. Con una mayor capacidad, se podría decir que proteger la “seguridad nacional” es una justificación para poder perfilar a la gente por motivos raciales y detener a migrantes inocentes para poder llenar los centros de detención. Además, a medida que aumenta el número de migrantes en los centros de detención, también se aumenta el riesgo de sobre populación, servicios de salud inadecuados y acceso limitado a asesores legales. Esto también puede resultar en un proceso de detención más largo, donde las personas son encarceladas en centros por términos indefinidos. Estos centros de detención, muchos de los cuales anteriormente eran prisiones privadas (ACLU), aíslan a los inmigrantes indocumentados y los mantienen en condiciones inhumanas. Esta sección del Proyecto 2025 muestra que se planea un gran aumento en el número de personas detenidas en centros de detención que suelen ser inhumanos y además de posibles deportaciones. 

Eliminar las Protecciones para los Menores No Acompañados 

“El Congreso debe derogar la Sección 235 de la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata William Wilberforce de 2008 (TVPRA), que proporciona numerosos beneficios de inmigración a los niños extranjeros no acompañados y solo ayuda a incentivar más padres a enviar a sus hijos a través de la frontera ilegalmente y sin acompañantes. Con demasiada frecuencia, estos niños se convierten en víctimas de la trata de personas, lo que significa que la TVPRA ha fracasado” (página 148). 

Lo que dice: La Sección 235  de la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata William Wilberforce de 2008 (TVPRA) actualmente proporciona protección y asistencia a los menores no acompañados, niños que cruzan la frontera sin un padre o tutor, que corren el riesgo de ser víctimas de la trata de personas y son más vulnerables a la explotación. Su revocación eliminaría estas importantes salvaguardias para los menores no acompañados. 

Impacto: Sin estas protecciones, los niños detenidos en la frontera ya no se beneficiarán de una ley de retorno seguro a su país de origen. Además, estos niños y jóvenes perderían el acceso a tener hogares seguros, servicios de atención médica, abogados y defensores legales, ajustes de estatus migratorio, protecciones de asilo y otros tipos de asistencias sociales que los protegen de la explotación, incluida la trata de personas. Además, la eliminación de las protecciones legales para los menores no acompañados dificultaría el proceso de investigación de las autoridades, para poder llevar acción legal contra esquemas de trata de personas. En lugar de quitar ayudas, el gobierno debería centrarse en crear un sistema que procese eficazmente a los niños, proteja derechos humanos y minimice los traumas adicionales para que los niños no acompañados se mantengan alejados de mayores peligros. 

Eliminación de Visas para Sobrevivientes de Trata de Personas y Otros Delitos 

“Eliminar las visas T y U. La victimización no debe ser una base para un beneficio de inmigración. Si un extranjero que fue víctima de tráfico o delito está cooperando activamente y de manera significante con las autoridades como testigo, la visa S ya está disponible y debe ser utilizada. A la espera de la eliminación de las visas T y U, La Secretaría debería restringir significativamente la elegibilidad para cada visa para poder prevenir el fraude” (página 141). 

“También se ha puesto énfasis en la eliminación de las barreras legales a la inmigración, como el uso de beneficios públicos” (página 143).

Lo que dice: El Proyecto 2025 propone eliminar las visas actuales otorgadas a las víctimas de la trata de personas (visa T) y otros delitos graves (visa U) que asisten a las fuerzas del orden público a investigar y enjuiciar a quienes cometen tales delitos. Este documento argumenta que la victimización no es una forma legítima de calificarse para beneficios de inmigración, en cambio, se sostiene que este tipo de visas son una ruta fácil hacia el fraude. 

Impacto: Las visas T y U existen para que las víctimas indocumentadas de crímenes en los EE. UU. no tengan miedo de denunciar por temor a la persecución y la deportación. La eliminación de estas visas aumentaría la probabilidad de que las personas indocumentadas ya vulnerables caigan victimas al mismo crimen, perpetuando un ciclo de violencia.  El Proyecto 2025 propone utilizar la visa S que actualmente ya es disponible en lugar de las visas T y U. La visa S es una visa temporal que permite a los inmigrantes que hayan sido testigos de un delito residir en los EE. UU. mientras ayudan con investigaciones criminales o terroristas. Mientras que la visa S suena similar a las visas T y U, esta visa ignora las circunstancias de la victimización de los migrantes y no reconoce la protección de los derechos humanos. Las visas T y U también tienen como objetivo ayudar a las víctimas de esos delitos a reconstruir sus vidas, proporcionando acceso a atención médica, asistencia legal o cualquier otra atención dada la situación, mientras que la visa S no lo hace. Además, las visas T y U fomentan cooperación y confianza con las autoridades, mientras que las visas S son mucho más restrictivas y pueden aumentan la vulnerabilidad de las víctimas, ya que los perpetradores de los delitos saben que sus víctimas no tienen derecho a utilizar el sistema de justicia de forma “normal” como un ciudadano.  

Dar prioridad a los inmigrantes “altamente calificados” 

“El programa H-1B, del que se abusa a menudo, debería transformarse en un programa de élite a través del cual los empleadores compiten por traer solo a los mejores trabajadores extranjeros con los salarios más altos para no reducir las oportunidades estadounidenses” (página 145). 

“Reforma H-1B. Transformar el programa en un mecanismo de élite exclusivamente para atraer a los ‘mejores y más brillantes’ con los salarios más altos y, al mismo tiempo, garantizar que los trabajadores estadounidenses no estén en desventaja por el programa” (página 150). 

Lo que dice: El gobierno debería utilizar el programa H-1B para priorizar aún más a los inmigrantes altamente calificados. Las personas que ya no tienen méritos y disponibilidad distinguidos deprimen las oportunidades estadounidenses y no se les debe permitir emigrar.  

Impacto: El programa H1-B permite que empresas estadounidenses contraten temporalmente a trabajadores de otros países para trabajar en “ocupaciones especializadas.” Para poder satisfacer los criterios de una ocupación especial, uno debe tener conocimiento especializado o experiencia en un campo particular y al menos una licenciatura o un equivalente (Departamento de Trabajo de EE. UU.). El programa H1-B se normalmente se utiliza para contratar profesionales en sectores de ingeniería, matemáticas, tecnología y ciencias médicas (American Immigration Council). El Proyecto 2025 pide que el programa H1-B se transforme en un “mecanismo de élite” que contrate a trabajadores inmigrantes altamente calificados con los salarios más altos y, al mismo tiempo, garantice que los trabajadores estadounidenses no estén en ninguna desventaja por el programa. Esto hecho puede llegar a ser engañoso, ya que hay estudios que muestran que los trabajadores H1-B no ganan menos que los trabajadores nacidos en los EE. UU. ni tampoco reducen sus salarios (American Immigration Council). Además, hay un límite anual a la cantidad de visas H1-B que se entregan. Con restricciones nuevas a las visas de trabajadores se podría reducir la cantidad y diversidad de talento, limitando las oportunidades para trabajadores calificados con potencial que aún no han demostrado niveles de éxito de élite. Además, una proporción grande de la economía de EE.UU. está compuesta por trabajadores que no se clasificarían como “altamente calificados,” tales como trabajadores agrícolas y en la construcción, pero que, sin embargo, son esenciales para el éxito de estas industrias. Centrarse solo en los inmigrantes “altamente calificados” puede tener consecuencias perjudiciales para las industrias que dependen de una amplia gama de trabajadores: incluidos los puestos de nivel medio y de nivel inicial, y provocar escasez de mano de obra, salarios más altos o precios más altos para los consumidores. 

Reducir las Visas de Estudiante 

“Priorizar la seguridad nacional en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP). ICE debería poner fin a su actual deferencia acogedora hacia las instituciones educativas y eliminar los riesgos de seguridad en el programa. Esto requiere trabajar con el Departamento de Estado para eliminar o reducir significativamente el número de visas emitidas a estudiantes extranjeros de naciones enemigas” (página 141). 

Lo que dice: Debería haber restricciones más estrictas en las instituciones educativas que otorgan visados, incluida la disminución del número de visas de estudiante disponibles. 

Impacto: El Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP)  es un programa administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que proporciona visas para no inmigrantes para estudiantes y visitantes de intercambio de otros países que buscan una educación en los EE. UU. El Proyecto 2025 implica que el programa SEVP es muy laxo en la admisión de estudiantes extranjeros y que el proceso debe ser más estricto para reducir los riesgos de seguridad. Esta afirmación descarta el hecho de que el DHS utiliza un sistema seguro, llamado Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), que recopila información sobre estudiantes y visitantes elegibles para el programa SEVP para garantizar que se mantiene seguridad nacional. Además, el Proyecto 2025 propone disminuir significativamente el número de visas otorgadas a “naciones enemigas.” Esto podría alimentar tensiones geopolíticas con otros países y crear divisiones sociales y tensiones en los EE. UU., como el aumento de la xenofobia (aversión o prejuicio contra las personas de otros países), ya que solo los que provengan de países occidentales serían aceptados para estudiar en los EE. UU. Esto también podría crear una barrera innecesaria para la entrada a los EE. UU. de posibles estudiantes altamente calificados que pueden contribuir a la economía de los EE. UU.  

Restricciones Estrictas de Asilo y Reducción de Refugiados Aceptados 

“El estándar para un temor creíble de persecución debe elevarse y alinearse con el estándar para el asilo. También debe tener en cuenta específicamente las determinaciones de credibilidad que son un elemento clave de la solicitud de asilo” (página 148). 

“El Congreso debería eliminar el motivo protegido por grupo social particular por ser vago y demasiado amplio o, en su defecto, proporcionar una definición clara con parámetros que, como mínimo, codifiquen la decisión en materia de A-B de que la violencia de pandillas y la violencia doméstica no son motivos para el asilo” (página 148). 

Lo que dice: Estas dos declaraciones del Proyecto 2025 recomiendan restricciones más estrictas sobre quién es elegible para el estatus de asilo, incluido el aumento de los estándares para casos de temor creíble de ser víctimas a la persecución. El Proyecto 2025 agrega que ser parte de un grupo social específico o ser víctima de violencia de bandas o violencia doméstica no debería calificar a alguien para el asilo. 

Impacto: Esta recomendación del Proyecto 2025 permitiría al gobierno rechazar y potencialmente poner en peligro la vida de los solicitantes de asilo que no cumplan con los estándares extremadamente altos para demostrar un temor creíble a la persecución (Human Rights First). Las Naciones Unidas publicaron un informe en 2021 en el que expresaban que implementar regulaciones extremas para los solicitantes de asilo es una violación de los derechos humanos (ONU). Los solicitantes de asilo que se enfrentaban a un temor creíble a la persecución bajo a los anteriores requisitos ahora necesitarían evidencia de estándares altos, que puede no estar disponible dependiendo de las circunstancias de la persona. Con restricciones a lo que significa ser un solicitante de asilo, las personas que puedan haber declarado un temor creíble de persecución pueden tener más problemas con las solicitudes de asilo, lo que lleva a largos procesos administrativos y violaciones de los derechos humanos. También dificultaría que una administración pueda otorgar asilo temporal a algunas categorías específicas de migrantes, en respuesta a desastres naturales, desplazamientos forzados y otras amenazas a gran escala para la vida y los medios de subsistencia.  

No más Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) 

“Actualmente, aproximadamente entre 15 y el 20 por ciento de la carga de trabajo de CISOMB consiste en ayudar a los solicitantes de DACA a obtener y renovar sus beneficios, incluyendo la autorización de trabajo. Esta no es la función del Ombudsman. Además, el gobierno debería ser un árbitro neutral, no un defensor de los extranjeros ilegales” (página 166). 

Lo que dice: El Proyecto 2025 afirma que la carga de trabajo de la Oficina del Defensor del Pueblo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CISOMB) está abrumada por ayudar a los solicitantes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a obtener y renovar beneficios. Además, este documento implica que el gobierno está actuando como defensor de los inmigrantes indocumentados al asistir a los solicitantes de DACA. 

Impacto: La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) permite a las personas que fueron traídas a los EE. UU por sus padres antes de los 16 años, ser elegibles para trabajar, estudiar y servir en el ejército. Los beneficiarios de DACA tienen que renovar sus beneficios cada dos años para mantener la protección temporal contra la deportación. La mayoría de los beneficiarios de DACA han crecido como estadounidenses, han recibido educación estadounidense y son miembros de la comunidad. Muchos de ellos se enteran de que no son ciudadanos estadounidenses una vez que son adultos y atraviesan procesos como solicitudes de empleo y de universidad. 

La Oficina del Defensor del Pueblo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CISOMB),sirve como enlace entre el público y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), para ayudar a los inmigrantes a abordar problemas e inquietudes con su experiencia con USCIS. CISCOMB es una oficina independiente en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) separada de USCIS que procesa las solicitudes de renovación de DACA. La afirmación hecha por el Proyecto 2025 con respecto a que CISOMB está agobiada con renovaciones de solicitudes de DACA es engañosa, ya que CISOMB no tiene ninguna autoridad para aprobar o denegar las solicitudes de renovación de DACA. No hay evidencia que informe el porcentaje de la carga de trabajo de CISOMB como se afirma en el Proyecto 2025. Además, esta sección del Proyecto 2025 enfatiza que el gobierno no debería proporcionar ningún servicio a los beneficiarios de DACA, porque promueve empatía hacia los inmigrantes indocumentados. Estos sentimientos dirigidos a ayudar a individuos que se vieron obligados a migrar de niños permiten más flexibilidad para seguir privando a inmigrantes indocumentados inocentes del derecho a la educación. 

Restringir los recursos educativos para los estudiantes de DACA 

“Departamento de Educación: Negar el acceso a préstamos a aquellos que no son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, y negar el acceso a préstamos a estudiantes en escuelas que dan matrícula estatal a extranjeros ilegales” (página 167). 

Lo que dice: El Proyecto 2025 pide que el Departamento de Educación niegue préstamos estudiantiles a cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense o residente permanente. Este segmento del Proyecto 2025 también impacta a los estudiantes no inmigrantes al aconsejar al Departamento de Educación que niegue los préstamos estudiantiles a todos los estudiantes en las escuelas que permiten la matrícula estatal a los estudiantes inmigrantes indocumentados, como los estudiantes de DACA. 

Impacto: Actualmente, los inmigrantes indocumentados tales como los estudiantes de DACA, no son elegibles para recibir ayuda financiera federal, excepto para los refugiados y algunos titulares de visas (FAFSA). Sin embargo, veinticinco estados de EE.UU. permiten que los estudiantes inmigrantes indocumentados, como los estudiantes de DACA, paguen matrícula estatal (fuente). Esto permitiría a los beneficiarios de DACA recibir una educación superior más accesible en sus estados de residencia, a pesar de no ser elegibles para préstamos federales. Este segmento del Proyecto 2025 también impactaría a los estudiantes no inmigrantes al aconsejar que el Departamento de Educación niegue los préstamos estudiantiles a todos los estudiantes que estudien en universidades que permitan pagar matrícula estatal a los estudiantes inmigrantes indocumentados, como los estudiantes de DACA. Esto puede entenderse como un esfuerzo para penalizar a las escuelas que permiten que los estudiantes de DACA paguen la matrícula estatal y, por lo tanto, limitar el acceso de los estudiantes de DACA a una educación universitaria. 

Mandato E-Verify 

“El Congreso también debería autorizar permanentemente E-Verify y hacerlo obligatorio” (página 149). 

Lo que dice: El Proyecto 2025 hace un llamado al Congreso para expandir E-Verify, manteniendo una autorización permanente y mandato del sistema. 

Impacto: E-Verify es un sistema utilizado voluntariamente por los empleadores, con algunos mandatos estatales y locales, que verifica la elegibilidad de los empleados para trabajar en los EE. UU. (USCIS). Sin embargo, E-Verify no es tan confiable como el Proyecto 2025 sugiere. E-Verify se basa en registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Administración del Seguro Social (SSA), que no siempre están actualizados, lo que resulta en errores o lo que E-Verify llama “discrepancias“. Los errores en el sistema podrían resultar en identificaciones erróneas de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, como incapaces de trabajar en los EE. UU., lo que podría provocar una pérdida del empleo o retrasos en el trabajo hasta que se corrija el error. 

Más Transparencia con Respecto a la Información Tributaria de Inmigrantes Indocumentados

“Departamento del Tesoro: Implementar todas las regulaciones necesarias tanto para igualar los impuestos entre los ciudadanos estadounidenses y los titulares de visas de trabajo como para proporcionar al DHS toda la información fiscal de los extranjeros ilegales lo más rápidamente posible” (página 167). 

Lo que dice: El Departamento del Tesoro debe hacer que los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes con visas de trabajo paguen la misma cantidad de impuestos. Además, el Departamento del Tesoro debe proporcionar al Departamento de Seguridad Nacional toda la información fiscal de todos los inmigrantes indocumentados lo antes posible. 

Impacto: Por lo general, las personas con visas de trabajo pagan la misma cantidad de impuestos sobre la renta que los ciudadanos estadounidenses, con algunas exenciones, como el pago de Seguro Social y Medicare (IRS). Este plan requiere que aquellos con visas de trabajo paguen impuestos por el Seguro Social y Medicare, lo que sería injusto ya que ellos solo viven en los EE. UU. temporalmente y no recibirán dichos beneficios. 

Además, el Departamento del Tesoro retiene toda la información fiscal recopilada en los EE. UU., incluida la información fiscal de los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos. Si DHS tiene toda la información de identificación, los agentes fronterizos pueden usar esta información confidencial para determinar quién es indocumentado y quién está documentado. Pueden usar esta información para ejecutar planes para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, incluso de aquellos que pagan impuestos. Sin embargo, en 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron $96.7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales (ITEP). Los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a sus comunidades y al país en general. El presupuesto federal, que durante algún tiempo ha luchado con un déficit creciente (PGPF), no se beneficiaría de deportar a todos los inmigrantes indocumentados que trabajan y pagan impuestos en los EE.UU. Incluso amenazar con entregar toda la información fiscal al DHS desalentaría a los inmigrantes indocumentados de pagar impuestos. Esto también afectaría las finanzas del sistema de Seguro Social, que a menudo disfruta de un superávit para los inmigrantes indocumentados que contribuyen con pagos pero no reciben beneficios después de la jubilación. 

Falta de Controles y Equilibrios en la Frontera 

“El presidente busca una legislación para desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)” (página 133).

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se combinará con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS); la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS); y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) y la Oficina de Litigios de Inmigración (OIL) del Departamento de Justicia (DOJ) en una agencia fronteriza y de inmigración independiente a nivel de Gabinete (más de 100,000 empleados, lo que lo convierte en el tercer departamento más grande medido por mano de obra)” (página 133). 

Lo que dice: Las agencias de inmigración se consolidarán en una agencia centralizada que controlará toda la implementación y acción de la política de inmigración. 

Impacto: El posible desmantelamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la consolidación de las preocupaciones relacionadas con la inmigración bajo una sola agencia plantea preocupaciones sobre la disminución de la rendición de cuentas, la transparencia y las protecciones de los derechos civiles de los migrantes. Junto con una mayor militarización del régimen de inmigración de Estados Unidos, podría ser más fácil esconder los abusos de los derechos humanos debajo de la alfombra, lo que llevaría a una mayor represión de los migrantes.  

Conclusiones Clave 

Contrariamente a la creencia común, la inmigración es esencial para la economía de los Estados Unidos. Los inmigrantes fueron responsables del 50 por ciento del crecimiento del mercado laboral en 2022. Una disminución en la inmigración a los EE. UU. afectará notablemente a industrias importantes donde la mano de obra indocumentada suele ser esencial, como la agricultura, la construcción y el sector de servicios, lo que podría provocar escasez de mano de obra y mayores costos para los consumidores. Las deportaciones masivas de trabajadores esenciales disminuirían la fuerza laboral, lo que podría provocar inflación, escasez de alimentos y otros productos, y precios más altos de las necesidades básicas (Forbes). Si el Proyecto 2025 se ejecutara y aplicara durante un segundo mandato de Trump, las políticas de inmigración más estrictas podrían contribuir a una recesión económica (AULA).  

Las recomendaciones de política de inmigración propuestas en el Proyecto 2025 tienen como objetivo crear un cambio significativo en la aplicación de la ley fronteriza que promueva un sistema de aplicación estricta sin ofrecer caminos a la legalización para aquellos que ingresaron al país indocumentados, con el único plan de deportación y detención masivas. Si una segunda administración de Trump adoptara las recomendaciones de política promovidas aquí, aumentaría las vulnerabilidades que enfrentan los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados. En lugar de fomentar un sistema de inmigración humano y eficaz, el Proyecto 2025 se inclina hacia medidas punitivas que priorizan la aplicación de la ley sobre la compasión. Para concluir, el Proyecto 2025 transformaría fundamentalmente la estructura del gobierno federal de maneras profundamente perjudiciales para los migrantes de todo tipo, pero también para el florecimiento de la sociedad estadounidense en su conjunto.  

Katheryn Olmos es Asistente de Investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y en el Laboratorio de Inmigración. Está en el programa de maestría en Sociología, Investigación y Práctica en American University.

Luc Thomas es pasante en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y en el Laboratorio de Inmigración. Está completando su Licenciatura en Ciencias Políticas en American University.

Inés Hidalgo Wieckowicz es pasante en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y en el Laboratorio de Inmigración. Es estudiante en la Escuela de Servicio Internacional en American University.

Ernesto Castañeda es Director del Laboratorio de Inmigración y del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en American University.

Robert Albro es Director Asociado de Investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos.

Editado por Diana Garay, Coordinador del Programa, y Mackenzie Hoekstra, pasante, ambos en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y en el Laboratorio de Inmigración.