ORLANDO, Florida.- La política migratoria en Estados Unidos se encuentra en el foco de la atención tras las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en los primeros días de su mandato. Entre las medidas, se encuentran restricciones temporales para refugiados, la limitación de solicitudes de asilo en la frontera y la polémica orden para negar certificados de nacimiento a hijos de padres sin estatus migratorio regular.
Estos movimientos han generado demandas en 18 estados, argumentando que violan el derecho de ciudadanía por nacimiento, protegido por la 14.ª Enmienda de la Constitución.
1. Migrante
Un migrante es cualquier persona que se traslada lejos de su lugar de origen, ya sea dentro de su país o al extranjero. Algunos se ven forzados a moverse por violencia o desastres naturales, mientras que otros migran por razones económicas o familiares. Este término incluye tanto a quienes cruzan fronteras de manera documentada como no documentada.
2. Inmigrante
El inmigrante es un migrante que se establece en un país diferente al de su nacimiento. En Estados Unidos, los inmigrantes pueden tener diferentes estatus legales, desde la residencia permanente (Green Card) hasta visas temporales, como las de trabajo (H-1B) o estudio (F-1). También hay visas humanitarias, como la T para víctimas de tráfico humano y la U para víctimas de crímenes graves.
3. Inmigrante indocumentado o irregular
Este término engloba a personas que ingresan o permanecen en un país sin autorización legal. Algunos llegaron con visas que vencieron, mientras que otros cruzaron sin documentos. En Estados Unidos muchos indocumentados trabajan y pagan impuestos, aunque no reciben beneficios de seguridad social.
4. Solicitante de asilo
Es alguien que pide protección al llegar a un puerto de entrada o dentro del país, alegando peligro en su nación de origen por persecución política, religiosa, étnica o de otro tipo. El proceso puede tomar años y requiere pruebas contundentes.
5. Refugiado
Un refugiado solicita protección desde el extranjero antes de ingresar a Estados Unidos, generalmente escapando de conflictos armados o persecución. Una vez en el país, pueden trabajar legalmente y, al cabo de un año, solicitar la residencia permanente.
6. Niños no acompañados
Se refiere a menores que cruzan la frontera sin un tutor legal. Según las leyes estadounidenses, pueden permanecer en el país y buscar estatus legal, generalmente bajo el cuidado de familiares ya residentes.
7. Separación familiar
Esta práctica polémica, intensificada durante el primer mandato de Trump, consiste en separar a padres migrantes de sus hijos al cruzar la frontera. Aunque la administración Biden intentó reunificar familias, cientos de niños aún están separados de sus padres.
8. Detención migratoria
Es la detención de inmigrantes en centros similares a cárceles, gestionados por el gobierno o empresas privadas, mientras esperan audiencias o deportaciones. Estas condiciones han sido criticadas por su dureza, incluyendo el uso de “hieleras” con temperaturas extremadamente bajas.
9. Coyote
Es el término utilizado para describir a los guías que, a cambio de dinero, ayudan a migrantes a cruzar fronteras de manera clandestina. Esta actividad se ha vuelto más costosa y peligrosa debido al endurecimiento de las políticas fronterizas.
10. Jugadores clave del gobierno
La política migratoria en EE. UU. involucra varias agencias: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Patrulla Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que asiste a menores no acompañados. Entender estos términos humaniza a las personas detrás de las estadísticas. En tiempos de políticas migratorias restrictivas, la empatía y el conocimiento son herramientas esenciales para abordar este tema con sensibilidad.
Donald Trump ha prometido deportar a millones de inmigrantes si es elegido para un segundo mandato, afirmando que, entre otras cosas, los trabajadores nacidos en el extranjero les quitan el trabajo a los locales. Su compañero de fórmula, JD Vance ha hecho eco de esas opiniones antiinmigrantes.
Los científicos sociales y los analistas tienden a estar de acuerdo en que la inmigración —tanto de personas documentadas como indocumentadas— estimula el crecimiento económico. Pero es casi imposible calcular directamente cuánto contribuyen los inmigrantes a la economía. Eso se debe a que no conocemos los ingresos de cada trabajador inmigrante en los Estados Unidos.
Sin embargo, tenemos una buena idea de cuánto envían a sus países de origen; más de 81 mil millones de dólares en 2022, según el Banco Mundial. Podemos utilizar esta cifra para calcular indirectamente el valor económico total que genera la mano de obra inmigrante en EE. UU.
Es probable que se subestimen las contribuciones económicas
Teniendo en cuenta eso, estimamos que los inmigrantes que enviaron remesas en 2022 tuvieron salarios netos de más de $466 mil millones. Luego, suponiendo que sus salarios netos representan alrededor del 21% del valor económico de lo que producen para las empresas donde trabajan, por ejemplo, en restaurantes y construcción, los inmigrantes agregaron un total de $2,2 billones a la economía estadounidense sólo en 2022.
Esto es aproximadamente el 8% del producto interno bruto de los Estados Unidos y cerca de todo el PIB de Canadá para 2022,la novena economía más grande del mundo.
Los Inmigrantes en Estados Unidos que mandan dinero al extranjero crean al menos $2 billones en actividad económica
Basado en cuanto dinero los inmigrantes en Estados Unidos envían al exterior en 2022, los académicos estimaron los ingresos y de allí, cuanta productividad generaron en la economía estadunidense. El estudio estimó que las contribuciones totales de los migrantes a la economía estadunidense exceden $2 billones (trillones en inglés) en 2022.
La inmigración fortalece a Estados Unidos
Más allá de su gran valor, esta cifra nos dice algo importante: los principales beneficiarios de la mano de obra inmigrante son la economía y la sociedad de Estados Unidos.
Los 81 mil millones de dólares que los inmigrantes enviaron a casa en 2022 son una pequeña fracción del valor total con el que contribuyen a la economía: 2.2 billones de dólares. La gran mayoría de los salarios y la productividad de los inmigrantes (el 96 %) se queda en Estados Unidos.
Es probable que las contribuciones económicas de los inmigrantes estadounidenses sean incluso más sustanciales de lo que calculamos.
Por un lado, la estimación del Banco Mundial sobre las remesas de inmigrantes es probablemente un recuento insuficiente, ya que muchos inmigrantes envían dinero al exterior con personas que viajan a sus países de origen.
En investigaciones previas, mis colegas y yo también hemos descubierto que algunos grupos de inmigrantes tienen menos probabilidades de enviar remesas que otros.
Uno de ellos son los profesionales de cuello blanco: inmigrantes con carreras en la banca, ciencia, tecnología y educación, por ejemplo. A diferencia de muchos inmigrantes indocumentados, los profesionales de cuello blanco generalmente tienen visas que les permiten traer a sus familias con ellos, por lo que no necesitan enviar dinero al extranjero para cubrir sus gastos domésticos. De igual forma, los inmigrantes que han estado trabajando en el país durante décadas y tienen más familiares en el país también tienden a enviar remesas con menos frecuencia. Ambos grupos tienen mayores ingresos y sus contribuciones no están incluidas en nuestra estimación de 2,2 billones de dólares.
Además, nuestras estimaciones no tienen en cuenta el crecimiento económico estimulado por los inmigrantes cuando gastan dinero en los EE. UU., creando demanda, generando empleos y empezando negocios que contratan inmigrantes y locales.
Por ejemplo, calculamos los aportes de los inmigrantes salvadoreños y solo sus hijos agregaron aproximadamente 223 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos en 2023. Eso es aproximadamente el 1% del PIB total del país.
Teniendo en cuenta que la economía de Estados Unidos creció alrededor de un 2% en 2022 y 2023, esa es una suma sustancial.
Las cifras qué presentamos son un recordatorio de que parte del éxito financiero de Estados Unidos depende de los inmigrantes y su trabajo.
Ernesto Castañeda es director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y del Laboratorio sobre la Inmigración de American University.
Edgar Aguilar ayudo con la preparación, análisis y traducción.
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A table full of vegetables including celery and carrots.
Addressing and combatting food insecurity requires a coordinated approach across all sectors, including nonprofit organizations, government agencies, and private corporations. Although these varying groups may approach the cause differently, there is a shared goal of increasing food security. This analysis was influenced by my experience working in a nonprofit addressing food insecurity as well as the United States Department of Agriculture (USDA) in the Food and Nutrition Service. My experiences gave me valuable insights into the stark differences between government and nonprofit organizations. in understanding, approaching, and solving food insecurity between government and nonprofit organizations.
The mission of the USDA Food and Nutrition Service is stated as, “To increase food security and reduce hunger in partnership with cooperating organizations by providing children and low-income people access to food, a healthy diet and nutrition education in a manner that supports American agriculture and inspires public confidence.” They administer 15 federal assistance programs including SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), school meals, CACFP (Child and Adult Food Care Program), WIC (Supplemental Nutrition Assistance Program for Women, Infants, and Children), TANF (Temporary Assistance for Needy Families). My responsibilities included reviewing and editing resources that program administrators used to properly procure and serve food that aligns with the nutritional standards set by the agency. This opportunity allowed me to gain experience in the federal processes that go into the nutrition programs that serve and assist millions of Americans.
The nonprofit organization I worked with aimed their mission as, “Striving to eliminate hunger in the nation’s capital while enhancing the nutrition, health, financial stability, and overall well-being of low-income residents in the District.” Their main focuses are on D.C. resident participation in federal nutrition programs, improving public policies, and educating the public on the reality of hunger’s existence within the District. My responsibilities were increasing SNAP and WIC participation by creating relationships with residents and producing educational content. This role gave me first-hand experience with the communities directly affected by food insecurity and allowed me to see how the policy created by our government affects Americans every day.
The differences I noted between the two experiences varied, from how the meetings were conducted to how they defined activism. Within the USDA, meetings were highly structured, with a specific focus on compliance with federal regulations and guidelines. I found the weekly staff meetings to be lively, with a lot of small talk and team activities. On the contrary, the nonprofit team meetings were centered around community intervention with little to no small talk and few team connection activities. These differences were notable for me, as they showed the discrepant level of urgency in the line of work between the two sectors. This could be attributed to numerous factors, including different standards and regulations each organization is held to. Nevertheless, it shined light on the importance of nonprofit organizations supporting USDA policy.
Additionally, the difference in staffing retention and burnout between the two organizations was striking. Throughout my year at the nonprofit, I saw many team members resign from positions due to the stress and emotional toll that comes with aiding underserved communities. Furthermore, there were few to no employees who had been with the organization for over four years. In my year with the organization, I witnessed the reinstating of three different presidents and the resignation of two. Whereas in the USDA, most employees had high tenure, with some even reaching 20-25 years in the agency. This difference in retention is a common problem, in the nonprofit sector. With limited funding and resources, staff often are forced to take on responsibilities beyond their original job description, working long hours to meet deadlines, and to keep up with the needs of District residents. In the government, however, there are strict guidelines in place limiting hours worked by each employee and the duties they are permitted to perform, helping keep their retention rate high.
Beyond job loss from burnout, I also witnessed the nonprofit organization’s largest layoff period in its history. Essential positions such as communications and public relations coordinators, government affairs specialists, and others were released from the organization due to large budget cuts. Additionally, other employees were forced to take furlough days to keep their jobs afloat. In contrast, job stability within the government sector was a promising factor for prospective employees. The federal government, the largest employer in the United States, provides comprehensive benefits and job security.
Overall, both organizations play vital roles in supporting and combatting food insecurity nationwide. The government creates vital policies and budgets to support the “boots on the ground” and educational information that nonprofit organizations work tirelessly to implement. Through these experiences, I was able to see the varying factors that go into supporting our neighbors who experience food insecurity every day. Having worked at a nonprofit before the USDA allowed my work through the government to remain grounded in the experiences of those we are seeking to help. Therefore, policymakers and direct service providers should better collaborate in hopes of making these efforts more effective.
Lia Sullivan is an MA student in the Sociology and Research Program at American University.
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Harris at the packed DC rally in the Ellipse on October 29.
My assessment is that Kamala Harris will win the election. It is not based on the polls or the betting markers, which are not helpful given their very tight margins. Instead, Harris’ big tent, misrepresentation of the primacy of the economy and immigration in surveys, and social trends lead me to believe that Harris will win.
First of all, following the voting trends from the 2016 and 2020 presidential elections, Trump will not win the popular vote. This matters, as it determines popularity and broad appeal nationwide. Trump has never been appealing to over half of the population as a politician. While Trump was a fresh figure in politics in 2016, and there were some shy voters (given his novel strident and racist anti-immigrant comments), in 2024, he is a well-known entity, and most of his ardent followers are loud about their support, and not shy to say so to pollsters, door knockers, or people calling to get out the vote. Even so, attendance at his rallies and Trump flags outside of houses have decreased from previous cycles. Trump obsesses over crowd sizes, which was one of the indicators of his appeal in 2016. However, the infamous Madison Square Garden Trump rally on October 27 had around 19,500 people in attendance compared to around 30,000 people for Kamala Harris in Houston, Texas, on October 25, and over 75,000 at her rally in Washington, DC, on October 29.
Trump counts on a core base of around 33% of the electorate that holds strong views against immigration, complains about the economy, and will support Trump no matter what. Some more traditional Republicans will also vote for him. Nonetheless, his main campaign strategic imperative was to appeal to moderates, independents, and White suburban women to expand his margin over 50%. His 2024 campaign has not done so; he has focused on animating and mobilizing his core base. Many of his comments and those of his surrogates and supporters have alienated moderates as well as some registered Republicans. He has been more focused on discrediting the electoral process, the media, and his opponents and critics than on appealing to all voters.
In contrast, Kamala Harris has been explicitly open to conservative-leaning independents and even former Republican officeholders, including, but not limited to, Liz Cheney. Many registered Republicans, college-educated men, and many women will vote for her. That should be enough to guarantee her victory. She has done so not by compromising her beliefs and Democratic priorities but by promising to uphold the Constitution and protect democracy.
It is true that an unintended effect of Trump’s hate speech has created a certain increase in support among some Black, Latino, and Asian voters, but that will not be enough to counter the fact that a majority of women across racial and ethnic groups will vote for Kamala Harris as will many men and registered Republicans and independents.
A weakness for Harris lies in the uncommitted voters because of the situation in the Middle East who may vote for Jil Stein or abstain in places like Philadelphia, Pittsburgh, Milwaukee, Detroit, Dearborn, and college campuses. Trump’s election would make things worse in the Middle East, so some will reluctantly vote for Harris and then get ready to continue with their protests and demands for a ceasefire.
The media across the board has obsessed with “immigration” and “the economy” being the main concerns of the electorate and that public opinion favors Trump to handle them. But first of all, objectively, the economy is strong, and asylum-seeking at the border today is at very low levels. Second, and most importantly for elections, when one looks at the polls that are used to make these claims, these are the main issues for less than half of the electorate, and they are the main issues for Republican respondents, who naturally favor Trump’s solutions on these areas. In other words, putting the bulk of the Republican agenda around closing the border is not enough to gain a majority of voters nationwide or even in most swing states. The urban legend about immigrants eating cats shows voters how exaggerated these warnings are. The common claims against immigrants are false, as my book —coming out today— Immigration Realities documents.
Many pundits, consultants, and advisors have been saying that “Harris is weak on the border.” Not only is that false, but my response has been that the immigration obsession will cost Trump the election. Mass deportations are not popular outside of MAGA circles, while a path to citizenship has large levels of support. The Madison Square Garden rally made it clear to many voters and agnostic observers that this was not about undocumented immigration but about creating a White Christian Ethnostate.
There are even some indications (like the exit polls in the Republican primaries in Ohio) that some Evangelicals and religious voters are tired of Trump supposedly representing their views and values. The majority will still vote for him, but less than in previous elections when he has been on the ballot. The same is true for rural and union members. Biden has been a strong pro-labor president. Tim Walz is more familiar with rural White voters than Vance is these days. The majority will vote Republican, but many will vote Democrat. Harris is endorsed by both Liz Cheney and Bernie Sanders. Her appeal and favorability are wide, and she could create an even wider base of support than Obama.
Democratic institutions, freedom of the press, and many other values and institutions are on the line. This is the first election where Trump is on the ballot after January 6, 2021, and the many trials against him. He will not lose all his supporters, but he will lose some.
Recent local and midterm elections have shown that the across-the-board restrictions on abortion and emergency care while pregnant are large motivators to drive women and men to the polls to repeal these propositions and to vote for Democrats. In 2016, most White women supported Trump and not Hilary Clinton. This may be different this time because of the end of Roe vs. Wade. This would be crucial because women are the majority of likely voters, and they were more active in early voting.
Established Latinos of Puerto Rican, Mexican, and South American origin in Pennsylvania, Nevada, Arizona, Georgia, and New York will make important contributions to the Democratic vote. I predict that many women and new citizens of immigrant origin and some who did not vote in previous elections because of age or lack of interest (thus often not in pollster models of likely voters) will turn out to vote for Harris.
All along, the expectations have been set very highly for Harris, and she has excelled at each challenge, including securing the nomination uncontested, choosing a strong VP candidate, leading the RNC, speaking at rallies, showing she can be Commander in Chief, bettering Trump at their debate, engaging with the media effectively, she can take questions from the media and answer them thoughtfully, to round it all out she can engage in retail politics with much enthusiasm and empathy.
Trump carries all the media attention and campaign resources from the RNC, and most Republicans down the ballot depend, to a large degree, on his appeal. This does not bode well for them. Furthermore, the Republican-led Congress has been one of the most ineffective in recent memory. Government shutdowns have been adverted, and there have been impactful and popular bipartisan accomplishments such as the Infrastructure Bill, the Inflation Reduction Act, the CHIPS Act, and support for Ukraine, but many Republican Congresspeople have voted against these achievements.
All these factors combined seem to indicate that Trump supporters will have a weaker showing than when he lost in 2020, even if we are not in the middle of a pandemic. Kamala Harris has benefited from a fresh, exciting, flawless campaign, drawing all the enthusiasm that had been lacking since Obama’s first presidential campaign.
To recap, the biggest errors in the 2024 election coverage have been the out-of-proportion focus on the economy and immigration as the biggest concerns of all voters when, indeed, these complaints are not fully based on reality and are mainly coming from Republican-leaning voters. Nobody likes inflation, but unemployment is low, and wage and economic growth rates are positive and steady, with a big improvement from 2020. Reproductive health and women’s rights will be more important in motivating people across party affiliations to vote for Harris and Democrats. While the polls are currently very tight, and there is noise that favors Trump (allowing him to repeat the big lie), ultimately, cold analyses of the electorate’s behavior and preferences tell us that Harris is on track to win the electoral college and with wider margins than the polls show.
Ernesto Castañeda, PhD is Director of the Center for Latin American and Latino Studies and the Immigration Lab and Professor at American University.
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Political Piñatas: How Conservatives Use Latinos to Polarize U.S. Society
By Ernesto Castañeda
November 5, 2024
Many are surprised to learn that some Latinos vote Republican. A larger percentage of Latinos voted for Trump in 2020 than in 2016. A similar percentage or even more may vote for Trump in 2024. There are many reasons for this, which are often misunderstood by the wider public. I discuss some of them here.
Latinos represent the largest minority in the U.S. at over 65 million and have gained attention as political parties vie for the so-called “Latino vote” as elections are won by tighter margins. This is particularly the case in swing states with large Latino populations. How best to describe the landscape of Latino voters’ preferences remains a question of regular debate. On the one hand, Latinos are still frequently superficially treated as a relatively uniform voting bloc —even if more “up for grabs” today with polling data suggesting gradual shifts in party affiliation. As such, Latinos are often treated as a demographic that can tip the balance in favor of a party. Nonetheless, polls and pundits necessarily flatten the real views of Latinos. This has always been a diverse group. The birth of the term Hispanic aimed to bring together Mexicans, Puerto Ricans, and Cubans around common causes. Regional differences are key; for example, in the D.C.-metro region, Latinos are diverse and majority Salvadoran; in California and Texas, they are mainly of Mexican and Central American descent; in South Florida, they are a mixture of Cuban, Venezuelan, Colombian, Nicaraguan, among others.
Many recent immigrants from Latin America and the Caribbean come escaping failed states and so-called leftist regimes. Many migrants have been directly affected by inequality in their countries of origin. Democratic erosion throughout Latin America and the Caribbean makes it hard for opposition activists and critics of these regimes. Like Eastern Europeans behind the Iron Curtain and Cubans after Castro’s takeover, many recent immigrants see themselves as forced political exiles escaping from authoritarian states that robbed them of their wealth and freedoms. Therefore, in the U.S. they are more likely to identify with ideals of individual freedom and free enterprise.
Trump has also had a polarizing effect on Latinos. Republicans have sought to exploit a process well-documented by scholars: the creation of social boundaries. Trump’s discourse encourages distinctions between “good immigrants” and “good Latinos” in contrast to undocumented “criminals.” Those immigrants with visas and legal permits, higher education levels and family incomes, lighter skin, or who align better with the U.S. geopolitical preferences tend to be more successful than those who do not have immigration papers. This creates hierarchical differences within Latinos. Many U.S.-born and legal Latino immigrants try hard to distinguish themselves from individuals and groups framed as “illegal” and “criminal” to avoid the stigma assigned to those groups.
These social processes create durable inequalities not only between Latinos and non-Latinos but also among Latinos. In public discourse, Latinos are used as proxies and piñatas to polarize Americans further. In turn, some Latinos internalize feelings of inferiority or superiority and may loudly act upon them, adding to the process of polarization. Some Latinos organize against dehumanizing language and build networks of solidarity among Latinos and with other groups. However, a numerical minority such as the White Nationalists and antisemites Nick Fuentes or Enrique Tario, leader of the Proud Boys, are not passive receivers of stigmatizing attacks but become amplifiers of hate speech in exchange for group membership as part of a sometimes-xenophobic White majority. Some who have seen fellow Latinos excluded, targeted, and stigmatized may try to pass as White by attacking other Latinos, further polarizing the country in the process and weakening democratic institutions and minority rights. For these reasons, studying the effects of polarization on Latinos and the role that Latinos have in social polarization is of national importance.
Latinos can hardly be said to form a cohesive or predictable voting bloc. Latinos do not fit neatly into the racial categories that often orient public political debate, which can lead to simplifications of Latinos’ views. Latinos are relatively less partisan as a group. A Pew Research Center report indicates that less than half of Latinos acknowledge significant differences between political parties, with a large share agreeing that neither party effectively represents their interests. Immigration is motivated by economic success, so access to jobs and better pay are their priority. Most Latinos have papers, so immigration is not an immediate concern for most Latino individuals, but it is a theme full of an emotional load; the immigration struggles of family members are close to their hearts.
An influential narrative regarding political polarization is that the electorate has become increasingly stoked by racial tensions and grievances. In this account, race is an important source of polarization. Latinos’ views are diverse and sometimes distinct from those of other Americans and more often map with those of similar occupations and socio-economic status. The diversity within Latino communities impacts the overall political polarization dynamics in the U.S. Typical analyses of race/ethnicity as a variable in culture war-type political contests do not adequately account for the heterogeneity of Latinos as a group and for the range of variation of their political commitments. National origin, gender, religious affiliation, geographic location, educational attainment, class, media consumption, and generational experience, among others, are impactful factors in identity formation.
Latinos display greater cultural unity than political unity. Latinos are part of their local and larger national political ecosystems. Latinos, despite immigration status, have demonstrated notable unity mobilizing in response to racist anti-immigrant rhetoric from local, state, or national politicians. Research also shows that over time, anti-immigrant policies can contribute to the withdrawal of Latinos from the public sphere. But sometimes there is increased group cohesion among Latinos as a reaction to external group threats such as public hostility toward immigrants and the portrayal in the media of Latinos as likely to be Mexican, undocumented, and lesser than. A stronger identification as Latino resulting from previous political organizing does lead to higher levels of political participation. In other cases, as Latinos become business owners, upper middle class, and part of mainstream U.S. society, they may become more politically conservative and may try to distinguish themselves from newcomers. Other successful Latinos, who are less insecure about their status, mentor and open doors for others, volunteer, and become philanthropists.
Furthermore, some Latino subgroups are more susceptible to misinformation. The choice of media varies by immigration status and age. Older first-generation Latinos often opt for more traditional media sources such as radio and T.V., and more often in Spanish. Younger Latinos, often second- or third-generation, exhibit a wider range of media consumption, mainly in English and social media. These choices create different media echo chambers, differing attitudes about the meaning of “Latino,” and varying political values even within the same family.
Ernesto Castañeda, PhD is Director of the Center for Latin American and Latino Studies and the Immigration Lab and Professor at American University.
This piece is a revised and shortened version of an unfunded research proposal written for the Carnegie Fellows Program on Polarization in November of 2023.
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Proyecto 2025 es una agenda de políticas públicas desarrollada por la Heritage Foundation, destinada a ser implementada durante los primeros 180 días del posible segundo mandato presidencial de Donald Trump, en caso de que gane las elecciones del 2024. Este manifiesto tiene 922 páginas y está dividido en cinco secciones, la primera de las cuales se titula “Tomar las riendas del Gobierno.” Si se pone en efecto, este plan tiene el potencial de transformar por completo la estructura del gobierno federal y cambiar el país en su totalidad.
Los Lazos con Trump
El 5 de julio, el expresidente Trump declaró: “No sé nada sobre el Proyecto 2025. No tengo idea de quién está detrás de esto” (Trump). Reiteró este sentimiento durante el debate presidencial del 10 de septiembre, afirmando que él no tiene “nada que ver con el Proyecto 2025” (NBC).
Sin embargo, tras bastidores, la situación parece bastante diferente. En una grabación filtrada por el Center for Climate Reporting, Russell Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto durante la administración de Trump, miembro del comité de plataforma del RNC y coautor del Proyecto 2025, reveló que Trump ha “bendecido” a la Heritage Foundation y que “[Trump] apoya mucho lo que hacemos.” Vought también indicó que “no le preocupa” que Trump se distancie públicamente de la iniciativa e indica que esto no debe tomarse en serio.” [Trump] ha estado en nuestra organización. Ha recaudado dinero para nuestra organización.”
Además, varios funcionarios de alto rango de la administración de Trump han sido clave para dar forma al Proyecto 2025. Entre estos contribuyentes se encuentran el ex-asesor de la Casa Blanca Peter Navarro, el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Ben Carson, el ex jefe de personal de la Oficina de Administración de Personal (OPM por sus siglas en inglés) Paul Dans – ahora director del Proyecto 2025 – y Spencer Chretien, exasistente especial, que actualmente se desempeña como director asociado del Proyecto 2025.
¿Cuáles son sus implicaciones para la política de inmigración de los Estados Unidos?
El Proyecto 2025 tiene importantes implicaciones para la política de inmigración, entre ellas:
Finalización del Muro de Trump
“Asignación obligatoria para la infraestructura del sistema de muro fronterizo. Los fondos asignados se utilizarían para financiar la construcción de sistemas, tecnología y personal adicionales para el muro fronterizo en lugares estratégicos” (página 147).
Lo que dice: Se propone aumentar la financiación para ampliar el muro fronterizo entre los Estados Unidos y México, que aumentaría la vigilancia fronteriza y el contrato de más miembros de la patrulla fronteriza.
Impacto: La finalización del muro fronterizo puede llevar a que los migrantes decididos busquen métodos más peligrosos para cruzar la frontera, lo que resultaría en un aumento de abuso y violencia hacia los inmigrantes. Las expansiones del muro de Trump actualmente tienen 30 pies de altura y ya han resultado en un aumento de muertes y lesiones graves debido a caídas de migrantes (NIH). Solo en El Paso, en los siete meses posteriores al aumento de la altura del muro, la Patrulla Fronteriza y personal de salud han respondido a 229 lesiones por caídas del muro, incluyendo piernas rotas y lesiones cerebrales o de la columna vertebral (NBC).
Con la construcción de segmentos adicionales del muro, los inmigrantes indocumentados decididos a cruzar la frontera se enfrentarán a estos riesgos. Más segmentos del muro podrían empujar a aun más personas al desierto de Sonora, aumentando la mortalidad migrante (UCLA). La expansión del muro de Trump profundiza las tensiones que ya existen entre Los Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos, ya que el muro se percibe como un símbolo de división en lugar de cooperación. En lugar de tener fronteras mortales, políticas de inmigración humanas y efectivas podrían proteger mejor los derechos humanos y fomentar relaciones internacionales positivas.
Aumento de la Militarización de la frontera
“Departamento de Defensa: Asistir de manera agresiva en la construcción del sistema de muro fronterizo en la frontera sur de Estados Unidos. Además, reconocer explícitamente y ajustar el personal y las prioridades para participar activamente en la defensa de las fronteras de Estados Unidos, incluyendo el uso de personal y equipamiento militar para prevenir cruces ilegales entre los puntos de entrada y canalizar todo el tráfico transfronterizo hacia los puntos de entrada legales” (páginas 166-167).
Lo que dice: ElProyecto 2025 pide un aumento de presencia militar en la frontera entre los Estados Unidos y México, que probablemente se utilizará para reforzar protocolos de inmigración.
Impacto: Habrá una mayor presencia militar en la frontera entre los Estados Unidos y México, con más autorizaciones directas al uso de fuerza militar, lo que podría llevar a encuentros más violentos con inmigrantes, independientemente de las circunstancias. Esto pone a los migrantes en un mayor riesgo de encuentros extremos y violentos con la patrulla fronteriza. Además, existe incertidumbre sobre cómo podrían cambiar los centros de detención en respuesta a estas medidas. La militarización de la frontera podría resultar en una mayor militarización de los centros de detención, lo que incrementaría la probabilidad de situaciones hostiles y abusivas para los migrantes en dichos centros.
Deportación Acelerada de Inmigrantes y Deportaciones Masivas
“Para maximizar el uso eficiente de sus recursos, ICE debe hacer pleno uso de las autoridades de Deportación Acelerada (Expedited Removal ER) existentes. La agencia ha limitado el uso de ER a extranjeros elegibles detenidos dentro de las 100 millas de la frontera. Este no es un requisito legal” (página 142).
“ICE debe ser identificadas como responsable de enforzar regulaciones civiles de inmigración, las que incluyen el arresto civil, la detención y la expulsión de infractores en cualquier lugar de los Estados Unidos, sin orden judicial cuando corresponda” (página 142).
Lo que dice: La política actual de ICE sobre la Deportación Acelerada (ER) que aplica en un radio de 100 millas de la frontera se ampliaría bajo el Proyecto 2025 para permitir que ICE detenga a presuntos migrantes indocumentados sin una orden judicial en cualquier parte del país.
Impacto: El proceso de ER ya es controversial, ya que permite a los oficiales de inmigración arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados sin una orden o audiencia judicial. Además, “a diferencia de otras órdenes de expulsión, una orden de ER normalmente no puede ser apelada y conlleva una prohibición de cinco años para el reingreso en la mayoría de las circunstancias” (American Immigration Council). El proceso de ER es inconstitucional, ya que viola el derecho al debido proceso (due process) (Houston Law Review). Los oficiales de ICE podrían ser los que deciden el destino de los solicitantes de asilo, u otros inmigrantes con circunstancias especiales en lugar de un juez de inmigración, quien debería estar tomando la decisión. A medida que ICE y el control migratorio se vuelven más poderosos, se aumenta el temor sobre el impacto en las comunidades que ya son marginalizadas, donde una autoridad sin supervisión podría causar más daño y desigualdad.
Restaurar el Título 42
“Crear una autoridad similar a la del Título 42. Autoridad de Salud Pública que se ha utilizado durante la pandemia de COVID-19 para expulsar a extranjeros ilegales a través de la frontera inmediatamente cuando no se cumplen ciertas condiciones sanitarias, como la pérdida del control operativo de la frontera” (página 147).
Lo que dice: El Título 42 fue una política aplicada durante la pandemia de COVID-19 que restringió la inmigración para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, específicamente COVID-19. El Proyecto 2025 exige que se restaure un proceso como el Título 42, pero no solo para circunstancias excepcionales de emergencias de salud pública. Más bien, se aplicaría a cualquier circunstancia en la que se considere necesaria la expulsión inmediata de los inmigrantes.
Impacto: Mientras el Título 42 estaba en vigor, el gobierno solicitó la expulsión inmediata de los inmigrantes y solicitantes de asilo que llegaban a la frontera sin una audiencia judicial, lo que violaba el derecho constitucional al debido proceso. La política menciona específicamente su aplicación en casos de “pérdida del control operacional de la frontera”, lo que podría interpretarse de manera amplia y utilizar siempre que las autoridades lo consideren necesario, independientemente de los hechos de cualquier caso individual. La vaguedad en torno a las circunstancias de la aplicación de dicha política podría terminar con la posibilidad de pedir el asilo en la frontera.
Eliminación de “Zonas Sensibles”
“Todos los memorandos de ICE que identifican ‘zonas sensibles’ donde el personal de ICE tiene prohibido operar, deben ser revocados. Confiar con el buen juicio de los oficiales en el campo para evitar situaciones inapropiadas” (página 142).
Lo que dice: El Proyecto 2025 establece claramente que quieren deshacerse de las “zonas sensibles” y las zonas libres de ICE.
Impacto: Las áreas protegidas existen para garantizar que miembros de la comunidad tengan acceso libre a servicios esenciales, como (y no limitados a) escuelas, instalaciones médicas, lugares de culto o estudio religiosos (CBP). A ICE no se le permite entrar a estas áreas sin el permiso adecuado, ni llevar a cabo típicas acciones policiales como arrestos, aprehensiones civiles, registros, inspecciones, incautaciones, entrega de documentos de acusación o citaciones, entrevistas y aplicación de control migratorio. La eliminación de las “zonas sensibles” permitirá que las autoridades saqueen estos lugares, que se consideran refugios seguros para los inmigrantes.
Aumento de Espacio en los Centros de Detención
“El Congreso debería ordenar y financiar espacio adicional en camas para los extranjeros detenidos. ICE debería recibir fondos para un aumento significante en los espacios de detención, elevando el número de camas disponibles a diario a 100,000” (página 143).
Lo que dice: El Proyecto 2025 tiene como objetivo por lo menos duplicar el número de migrantes posibles retenidos en centros de detención (hasta 100,000). En este momento, la cuota diaria de espacio para inmigrantes en detención enfrentados a la deportación es de 41,500 camas (Congreso).
Impacto: Al aumentar la capacidad de detención, el Proyecto 2025 busca expandir e institucionalizar la detención de inmigrantes indocumentados o solicitantes de asilo. Con una mayor capacidad, se podría decir que proteger la “seguridad nacional” es una justificación para poder perfilar a la gente por motivos raciales y detener a migrantes inocentes para poder llenar los centros de detención. Además, a medida que aumenta el número de migrantes en los centros de detención, también se aumenta el riesgo de sobre populación, servicios de salud inadecuados y acceso limitado a asesores legales. Esto también puede resultar en un proceso de detención más largo, donde las personas son encarceladas en centros por términos indefinidos. Estos centros de detención, muchos de los cuales anteriormente eran prisiones privadas (ACLU), aíslan a los inmigrantes indocumentados y los mantienen en condiciones inhumanas. Esta sección del Proyecto 2025 muestra que se planea un gran aumento en el número de personas detenidas en centros de detención que suelen ser inhumanos y además de posibles deportaciones.
Eliminar las Protecciones para los Menores No Acompañados
“El Congreso debe derogar la Sección 235 de la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata William Wilberforce de 2008 (TVPRA), que proporciona numerosos beneficios de inmigración a los niños extranjeros no acompañados y solo ayuda a incentivar más padres a enviar a sus hijos a través de la frontera ilegalmente y sin acompañantes. Con demasiada frecuencia, estos niños se convierten en víctimas de la trata de personas, lo que significa que la TVPRA ha fracasado” (página 148).
Lo que dice: LaSección 235 de la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata William Wilberforce de 2008 (TVPRA)actualmente proporciona protección y asistencia a los menores no acompañados, niños que cruzan la frontera sin un padre o tutor, que corren el riesgo de ser víctimas de la trata de personas y son más vulnerables a la explotación. Su revocación eliminaría estas importantes salvaguardias para los menores no acompañados.
Impacto: Sin estas protecciones, los niños detenidos en la frontera ya no se beneficiarán de una ley de retorno seguro a su país de origen. Además, estos niños y jóvenes perderían el acceso a tener hogares seguros, servicios de atención médica, abogados y defensores legales, ajustes de estatus migratorio, protecciones de asilo y otros tipos de asistencias sociales que los protegen de la explotación, incluida la trata de personas. Además, la eliminación de las protecciones legales para los menores no acompañados dificultaría el proceso de investigación de las autoridades, para poder llevar acción legal contra esquemas de trata de personas. En lugar de quitar ayudas, el gobierno debería centrarse en crear un sistema que procese eficazmente a los niños, proteja derechos humanos y minimice los traumas adicionales para que los niños no acompañados se mantengan alejados de mayores peligros.
Eliminación de Visas para Sobrevivientes de Trata de Personas y Otros Delitos
“Eliminar las visas T y U. La victimización no debe ser una base para un beneficio de inmigración. Si un extranjero que fue víctima de tráfico o delito está cooperando activamente y de manera significante con las autoridades como testigo, la visa S ya está disponible y debe ser utilizada. A la espera de la eliminación de las visas T y U, La Secretaría debería restringir significativamente la elegibilidad para cada visa para poder prevenir el fraude” (página 141).
“También se ha puesto énfasis en la eliminación de las barreras legales a la inmigración, como el uso de beneficios públicos” (página 143).
Lo que dice: El Proyecto 2025 propone eliminar las visas actuales otorgadas a las víctimas de la trata de personas (visa T) y otros delitos graves (visa U) que asisten a las fuerzas del orden público a investigar y enjuiciar a quienes cometen tales delitos. Este documento argumenta que la victimización no es una forma legítima de calificarse para beneficios de inmigración, en cambio, se sostiene que este tipo de visas son una ruta fácil hacia el fraude.
Impacto: Las visas T y U existen para que las víctimas indocumentadas de crímenes en los EE. UU. no tengan miedo de denunciar por temor a la persecución y la deportación. La eliminación de estas visas aumentaría la probabilidad de que las personas indocumentadas ya vulnerables caigan victimas al mismo crimen, perpetuando un ciclo de violencia. El Proyecto 2025 propone utilizar la visa S que actualmente ya es disponible en lugar de las visas T y U. La visa S es una visa temporal que permite a los inmigrantes que hayan sido testigos de un delito residir en los EE. UU. mientras ayudan con investigaciones criminales o terroristas. Mientras que la visa S suena similar a las visas T y U, esta visa ignora las circunstancias de la victimización de los migrantes y no reconoce la protección de los derechos humanos. Las visas T y U también tienen como objetivo ayudar a las víctimas de esos delitos a reconstruir sus vidas, proporcionando acceso a atención médica, asistencia legal o cualquier otra atención dada la situación, mientras que la visa S no lo hace. Además, las visas T y U fomentan cooperación y confianza con las autoridades, mientras que las visas S son mucho más restrictivas y pueden aumentan la vulnerabilidad de las víctimas, ya que los perpetradores de los delitos saben que sus víctimas no tienen derecho a utilizar el sistema de justicia de forma “normal” como un ciudadano.
Dar prioridad a los inmigrantes “altamente calificados”
“El programa H-1B, del que se abusa a menudo, debería transformarse en un programa de élite a través del cual los empleadores compiten por traer solo a los mejores trabajadores extranjeros con los salarios más altos para no reducir las oportunidades estadounidenses” (página 145).
“Reforma H-1B. Transformar el programa en un mecanismo de élite exclusivamente para atraer a los ‘mejores y más brillantes’ con los salarios más altos y, al mismo tiempo, garantizar que los trabajadores estadounidenses no estén en desventaja por el programa” (página 150).
Lo que dice: El gobierno debería utilizar el programa H-1B para priorizar aún más a los inmigrantes altamente calificados. Las personas que ya no tienen méritos y disponibilidad distinguidos deprimen las oportunidades estadounidenses y no se les debe permitir emigrar.
Impacto: El programa H1-B permite que empresas estadounidenses contraten temporalmente a trabajadores de otros países para trabajar en “ocupaciones especializadas.” Para poder satisfacer los criterios de una ocupación especial, uno debe tener conocimiento especializado o experiencia en un campo particular y al menos una licenciatura o un equivalente (Departamento de Trabajo de EE. UU.). El programa H1-B se normalmente se utiliza para contratar profesionales en sectores de ingeniería, matemáticas, tecnología y ciencias médicas (American Immigration Council). El Proyecto 2025 pide que el programa H1-B se transforme en un “mecanismo de élite” que contrate a trabajadores inmigrantes altamente calificados con los salarios más altos y, al mismo tiempo, garantice que los trabajadores estadounidenses no estén en ninguna desventaja por el programa. Esto hecho puede llegar a ser engañoso, ya que hay estudios que muestran que los trabajadores H1-B no ganan menos que los trabajadores nacidos en los EE. UU. ni tampoco reducen sus salarios (American Immigration Council). Además, hay un límite anual a la cantidad de visas H1-B que se entregan. Con restricciones nuevas a las visas de trabajadores se podría reducir la cantidad y diversidad de talento, limitando las oportunidades para trabajadores calificados con potencial que aún no han demostrado niveles de éxito de élite. Además, una proporción grande de la economía de EE.UU. está compuesta por trabajadores que no se clasificarían como “altamente calificados,” tales como trabajadores agrícolas y en la construcción, pero que, sin embargo, son esenciales para el éxito de estas industrias. Centrarse solo en los inmigrantes “altamente calificados” puede tener consecuencias perjudiciales para las industrias que dependen de una amplia gama de trabajadores: incluidos los puestos de nivel medio y de nivel inicial, y provocar escasez de mano de obra, salarios más altos o precios más altos para los consumidores.
Reducir las Visas de Estudiante
“Priorizar la seguridad nacional en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP). ICE debería poner fin a su actual deferencia acogedora hacia las instituciones educativas y eliminar los riesgos de seguridad en el programa. Esto requiere trabajar con el Departamento de Estado para eliminar o reducir significativamente el número de visas emitidas a estudiantes extranjeros de naciones enemigas” (página 141).
Lo que dice: Debería haber restricciones más estrictas en las instituciones educativas que otorgan visados, incluida la disminución del número de visas de estudiante disponibles.
Impacto: El Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) es un programa administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que proporciona visas para no inmigrantes para estudiantes y visitantes de intercambio de otros países que buscan una educación en los EE. UU. El Proyecto 2025 implica que el programa SEVP es muy laxo en la admisión de estudiantes extranjeros y que el proceso debe ser más estricto para reducir los riesgos de seguridad. Esta afirmación descarta el hecho de que el DHS utiliza un sistema seguro, llamado Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), que recopila información sobre estudiantes y visitantes elegibles para el programa SEVP para garantizar que se mantiene seguridad nacional. Además, el Proyecto 2025 propone disminuir significativamente el número de visas otorgadas a “naciones enemigas.” Esto podría alimentar tensiones geopolíticas con otros países y crear divisiones sociales y tensiones en los EE. UU., como el aumento de la xenofobia (aversión o prejuicio contra las personas de otros países), ya que solo los que provengan de países occidentales serían aceptados para estudiar en los EE. UU. Esto también podría crear una barrera innecesaria para la entrada a los EE. UU. de posibles estudiantes altamente calificados que pueden contribuir a la economía de los EE. UU.
Restricciones Estrictas de Asilo y Reducción de Refugiados Aceptados
“El estándar para un temor creíble de persecución debe elevarse y alinearse con el estándar para el asilo. También debe tener en cuenta específicamente las determinaciones de credibilidad que son un elemento clave de la solicitud de asilo” (página 148).
“El Congreso debería eliminar el motivo protegido por grupo social particular por ser vago y demasiado amplio o, en su defecto, proporcionar una definición clara con parámetros que, como mínimo, codifiquen la decisión en materia de A-B de que la violencia de pandillas y la violencia doméstica no son motivos para el asilo” (página 148).
Lo que dice: Estas dos declaraciones del Proyecto 2025 recomiendan restricciones más estrictas sobre quién es elegible para el estatus de asilo, incluido el aumento de los estándares para casos de temor creíble de ser víctimas a la persecución. El Proyecto 2025 agrega que ser parte de un grupo social específico o ser víctima de violencia de bandas o violencia doméstica no debería calificar a alguien para el asilo.
Impacto: Esta recomendación del Proyecto 2025 permitiría al gobierno rechazar y potencialmente poner en peligro la vida de los solicitantes de asilo que no cumplan con los estándares extremadamente altos para demostrar un temor creíble a la persecución (Human Rights First). Las Naciones Unidas publicaron un informe en 2021 en el que expresaban que implementar regulaciones extremas para los solicitantes de asilo es una violación de los derechos humanos (ONU). Los solicitantes de asilo que se enfrentaban a un temor creíble a la persecución bajo a los anteriores requisitos ahora necesitarían evidencia de estándares altos, que puede no estar disponible dependiendo de las circunstancias de la persona. Con restricciones a lo que significa ser un solicitante de asilo, las personas que puedan haber declarado un temor creíble de persecución pueden tener más problemas con las solicitudes de asilo, lo que lleva a largos procesos administrativos y violaciones de los derechos humanos. También dificultaría que una administración pueda otorgar asilo temporal a algunas categorías específicas de migrantes, en respuesta a desastres naturales, desplazamientos forzados y otras amenazas a gran escala para la vida y los medios de subsistencia.
No más Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)
“Actualmente, aproximadamente entre 15 y el 20 por ciento de la carga de trabajo de CISOMB consiste en ayudar a los solicitantes de DACA a obtener y renovar sus beneficios, incluyendo la autorización de trabajo. Esta no es la función del Ombudsman. Además, el gobierno debería ser un árbitro neutral, no un defensor de los extranjeros ilegales” (página 166).
Lo que dice: El Proyecto 2025 afirma que la carga de trabajo de la Oficina del Defensor del Pueblo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CISOMB) está abrumada por ayudar a los solicitantes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a obtener y renovar beneficios. Además, este documento implica que el gobierno está actuando como defensor de los inmigrantes indocumentados al asistir a los solicitantes de DACA.
Impacto: La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) permite a las personas que fueron traídas a los EE. UU por sus padres antes de los 16 años, ser elegibles para trabajar, estudiar y servir en el ejército. Los beneficiarios de DACA tienen que renovar sus beneficios cada dos años para mantener la protección temporal contra la deportación. La mayoría de los beneficiarios de DACA han crecido como estadounidenses, han recibido educación estadounidense y son miembros de la comunidad. Muchos de ellos se enteran de que no son ciudadanos estadounidenses una vez que son adultos y atraviesan procesos como solicitudes de empleo y de universidad.
La Oficina del Defensor del Pueblo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CISOMB),sirve como enlace entre el público y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), para ayudar a los inmigrantes a abordar problemas e inquietudes con su experiencia con USCIS. CISCOMB es una oficina independiente en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) separada de USCIS que procesa las solicitudes de renovación de DACA. La afirmación hecha por el Proyecto 2025 con respecto a que CISOMB está agobiada con renovaciones de solicitudes de DACA es engañosa, ya que CISOMB no tiene ninguna autoridad para aprobar o denegar las solicitudes de renovación de DACA. No hay evidencia que informe el porcentaje de la carga de trabajo de CISOMB como se afirma en el Proyecto 2025. Además, esta sección del Proyecto 2025 enfatiza que el gobierno no debería proporcionar ningún servicio a los beneficiarios de DACA, porque promueve empatía hacia los inmigrantes indocumentados. Estos sentimientos dirigidos a ayudar a individuos que se vieron obligados a migrar de niños permiten más flexibilidad para seguir privando a inmigrantes indocumentados inocentes del derecho a la educación.
Restringir los recursos educativos para los estudiantes de DACA
“Departamento de Educación: Negar el acceso a préstamos a aquellos que no son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, y negar el acceso a préstamos a estudiantes en escuelas que dan matrícula estatal a extranjeros ilegales” (página 167).
Lo que dice: El Proyecto 2025 pide que el Departamento de Educación niegue préstamos estudiantiles a cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense o residente permanente. Este segmento del Proyecto 2025 también impacta a los estudiantes no inmigrantes al aconsejar al Departamento de Educación que niegue los préstamos estudiantiles a todos los estudiantes en las escuelas que permiten la matrícula estatal a los estudiantes inmigrantes indocumentados, como los estudiantes de DACA.
Impacto: Actualmente, los inmigrantes indocumentados tales como los estudiantes de DACA, no son elegibles para recibir ayuda financiera federal, excepto para los refugiados y algunos titulares de visas (FAFSA). Sin embargo, veinticinco estados de EE.UU. permiten que los estudiantes inmigrantes indocumentados, como los estudiantes de DACA, paguen matrícula estatal (fuente). Esto permitiría a los beneficiarios de DACA recibir una educación superior más accesible en sus estados de residencia, a pesar de no ser elegibles para préstamos federales. Este segmento del Proyecto 2025 también impactaría a los estudiantes no inmigrantes al aconsejar que el Departamento de Educación niegue los préstamos estudiantiles a todos los estudiantes que estudien en universidades que permitan pagar matrícula estatal a los estudiantes inmigrantes indocumentados, como los estudiantes de DACA. Esto puede entenderse como un esfuerzo para penalizar a las escuelas que permiten que los estudiantes de DACA paguen la matrícula estatal y, por lo tanto, limitar el acceso de los estudiantes de DACA a una educación universitaria.
Mandato E-Verify
“El Congreso también debería autorizar permanentemente E-Verify y hacerlo obligatorio” (página 149).
Lo que dice: El Proyecto 2025 hace un llamado al Congreso para expandir E-Verify, manteniendo una autorización permanente y mandato del sistema.
Impacto: E-Verify es un sistema utilizado voluntariamente por los empleadores, con algunos mandatos estatales y locales, que verifica la elegibilidad de los empleados para trabajar en los EE. UU. (USCIS). Sin embargo, E-Verify no es tan confiable como el Proyecto 2025 sugiere. E-Verify se basa en registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Administración del Seguro Social (SSA), que no siempre están actualizados, lo que resulta en errores o lo que E-Verify llama “discrepancias“. Los errores en el sistema podrían resultar en identificaciones erróneas de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, como incapaces de trabajar en los EE. UU., lo que podría provocar una pérdida del empleo o retrasos en el trabajo hasta que se corrija el error.
Más Transparencia con Respecto a la Información Tributaria de Inmigrantes Indocumentados
“Departamento del Tesoro: Implementar todas las regulaciones necesarias tanto para igualar los impuestos entre los ciudadanos estadounidenses y los titulares de visas de trabajo como para proporcionar al DHS toda la información fiscal de los extranjeros ilegales lo más rápidamente posible” (página 167).
Lo que dice: El Departamento del Tesoro debe hacer que los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes con visas de trabajo paguen la misma cantidad de impuestos. Además, el Departamento del Tesoro debe proporcionar al Departamento de Seguridad Nacional toda la información fiscal de todos los inmigrantes indocumentados lo antes posible.
Impacto: Por lo general, las personas con visas de trabajo pagan la misma cantidad de impuestos sobre la renta que los ciudadanos estadounidenses, con algunas exenciones, como el pago de Seguro Social y Medicare (IRS). Este plan requiere que aquellos con visas de trabajo paguen impuestos por el Seguro Social y Medicare, lo que sería injusto ya que ellos solo viven en los EE. UU. temporalmente y no recibirán dichos beneficios.
Además, el Departamento del Tesoro retiene toda la información fiscal recopilada en los EE. UU., incluida la información fiscal de los inmigrantes indocumentados que pagan impuestos. Si DHS tiene toda la información de identificación, los agentes fronterizos pueden usar esta información confidencial para determinar quién es indocumentado y quién está documentado. Pueden usar esta información para ejecutar planes para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, incluso de aquellos que pagan impuestos. Sin embargo, en 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron $96.7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales (ITEP). Los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a sus comunidades y al país en general. El presupuesto federal, que durante algún tiempo ha luchado con un déficit creciente (PGPF), no se beneficiaría de deportar a todos los inmigrantes indocumentados que trabajan y pagan impuestos en los EE.UU. Incluso amenazar con entregar toda la información fiscal al DHS desalentaría a los inmigrantes indocumentados de pagar impuestos. Esto también afectaría las finanzas del sistema de Seguro Social, que a menudo disfruta de un superávit para los inmigrantes indocumentados que contribuyen con pagos pero no reciben beneficios después de la jubilación.
Falta de Controles y Equilibrios en la Frontera
“El presidente busca una legislación para desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)” (página 133).
“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se combinará con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS); la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS); y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) y la Oficina de Litigios de Inmigración (OIL) del Departamento de Justicia (DOJ) en una agencia fronteriza y de inmigración independiente a nivel de Gabinete (más de 100,000 empleados, lo que lo convierte en el tercer departamento más grande medido por mano de obra)” (página 133).
Lo que dice: Las agencias de inmigración se consolidarán en una agencia centralizada que controlará toda la implementación y acción de la política de inmigración.
Impacto: El posible desmantelamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la consolidación de las preocupaciones relacionadas con la inmigración bajo una sola agencia plantea preocupaciones sobre la disminución de la rendición de cuentas, la transparencia y las protecciones de los derechos civiles de los migrantes. Junto con una mayor militarización del régimen de inmigración de Estados Unidos, podría ser más fácil esconder los abusos de los derechos humanos debajo de la alfombra, lo que llevaría a una mayor represión de los migrantes.
Conclusiones Clave
Contrariamente a la creencia común, la inmigración es esencial para la economía de los Estados Unidos. Los inmigrantes fueron responsables del 50 por ciento del crecimiento del mercado laboral en 2022. Una disminución en la inmigración a los EE. UU. afectará notablemente a industrias importantes donde la mano de obra indocumentada suele ser esencial, como la agricultura, la construcción y el sector de servicios, lo que podría provocar escasez de mano de obra y mayores costos para los consumidores. Las deportaciones masivas de trabajadores esenciales disminuirían la fuerza laboral, lo que podría provocar inflación, escasez de alimentos y otros productos, y precios más altos de las necesidades básicas (Forbes). Si el Proyecto 2025 se ejecutara y aplicara durante un segundo mandato de Trump, las políticas de inmigración más estrictas podrían contribuir a una recesión económica (AULA).
Las recomendaciones de política de inmigración propuestas en el Proyecto 2025 tienen como objetivo crear un cambio significativo en la aplicación de la ley fronteriza que promueva un sistema de aplicación estricta sin ofrecer caminos a la legalización para aquellos que ingresaron al país indocumentados, con el único plan de deportación y detención masivas. Si una segunda administración de Trump adoptara las recomendaciones de política promovidas aquí, aumentaría las vulnerabilidades que enfrentan los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados. En lugar de fomentar un sistema de inmigración humano y eficaz, el Proyecto 2025 se inclina hacia medidas punitivas que priorizan la aplicación de la ley sobre la compasión. Para concluir, el Proyecto 2025 transformaría fundamentalmente la estructura del gobierno federal de maneras profundamente perjudiciales para los migrantes de todo tipo, pero también para el florecimiento de la sociedad estadounidense en su conjunto.
Katheryn Olmos es Asistente de Investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y en el Laboratorio de Inmigración. Está en el programa de maestría en Sociología, Investigación y Práctica en American University.
Luc Thomas es pasante en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y en el Laboratorio de Inmigración. Está completando su Licenciatura en Ciencias Políticas en American University.
Inés Hidalgo Wieckowicz es pasante en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y en el Laboratorio de Inmigración. Es estudiante en la Escuela de Servicio Internacional en American University.
Ernesto Castañeda es Director del Laboratorio de Inmigración y del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en American University.
Robert Albro es Director Asociado de Investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos.
Editado por Diana Garay, Coordinador del Programa, y Mackenzie Hoekstra, pasante, ambos en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y en el Laboratorio de Inmigración.
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