Por Ernesto Castañeda
Julio Enrique Zambrano Pérez y su esposa Luz dejaron Venezuela en 2018 debido a las difíciles condiciones sociales, políticas y económicas. Se trasladaron a Piura, Perú, donde la comunidad les ofreció un terreno, pero fueron objeto de discriminación por su ser venezolanos y luego extorsionados con pagos mensuales que apenas podían costear. Julio trabajaba a tiempo completo en la construcción y, también, como barbero para obtener ingresos extra. Su primera hija nació en Perú, pero por ser blanco del crimen organizado se mudaron a Chile en 2023. Julio trabajaba conduciendo y haciendo entregas, pero sufría asaltos con frecuencia, por lo que, tras ocho meses, decidieron ir hacia el norte.
Julio Enrique Zambrano Pérez ingresó con permiso a Estados Unidos, junto con su esposa e hija, por Matamoros el 30 de noviembre de 2023. Solicitaron asilo y les asignaron números de extranjero y permisos de trabajo.
Después de hablar en la televisión sobre los vuelos que llegaron a El Salvador desde EE. UU. el 15 de marzo de 2025, fui contactado por familiares de Julio Zambrano, preguntándome si tenía alguna idea de dónde podría estar. Él tiene esposa y dos hijas pequeñas en Carlina del Norte. Su hermana también vive en Estados Unidos. Según informan, los hechos son que Julio Enrique Zambrano Pérez, nacido en junio de 2000, fue detenido el 29 de enero de 2025 durante su cita de rutina en la oficina de ICE en Carolina del Norte. Su familia fue liberada, pero él no.
Lo separaron de su esposa embarazada y su hija pequeña y lo mantuvieron detenido debido a tatuajes incluidos uno en su mano con su nombre y una corona genérica. Se hizo el tatuaje cuando tenía solo 15 años. Horas después, el agente de ICE le dijo a su esposa que sospechaban que era miembro de la pandilla Tren de Aragua. Julio nació en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Claramente, no todas las personas nacidas en el estado de Aragua son miembros de esta pandilla. Su esposa, hermana, madre y personas de Davidson, Carolina del Norte, afirman que no es miembro del Tren de Aragua ni ha cometido ningún delito. Julio estaba en los Estados Unidos con autorización y permiso de trabajo.
ICE lo trasladó desde la oficina de ICE en Carolina del Norte al Centro de Detención de Stewart en Georgia. Tuvo su primera comparecencia en la corte el 26 de febrero, cuando le negaron la libertad bajo fianza. Su segunda hija nació mientras Julio estaba bajo la detención de ICE y nunca la ha visto en persona. Su próxima cita en la corte de inmigración estaba programada para el 26 de marzo de 2025. Amigos, vecinos y personas de la escuela de su hija escribieron cartas sobre él, destacando que es una persona buena y honorable que trabaja en EE. UU. con un permiso de trabajo, para que pudiera presentarlas en la corte de inmigración. Pero ahora, es poco probable que esta cita se lleve a cabo — y no porque Julio se negara o evitara asistir.
Julio llamó a su familia el sábado 15 de marzo de 2025 a las 8 a.m., informándoles que había escuchado que lo sacarían del país en avión ese mismo día. Durante seis días, no pudimos encontrarlo en las bases de datos de detención. Los agentes en Texas, el último lugar donde estuvo detenido, dijeron que ya no estaba en Estados Unidos pero no dieron más detalles. No hay registros de que esté en Venezuela, por lo que su familia sospechaba que podría ser uno de los enviados a la prisión de máxima seguridad el CECOT en El Salvador o, si no, a Honduras, en un acuerdo similar pero menos discutido en los medios de comunicación. Sin embargo, la familia no lo sabía con certeza. Por eso, es apropiado hablar de desaparición forzada dirigida por el Estado, la violación del debido proceso dentro de Estados Unidos y la expulsión de personas que antes vivían en el país, bajo una débil acusación de pertenencia a una pandilla —convertidos en potenciales terroristas— sin pruebas demostradas en un tribunal.
El jueves 20 de marzo por la tarde, Julio Zambrano Pérez apareció en la lista de personas deportadas a El Salvador, incluyendo no-salvadoreños, que fue compartida por primera vez con el público, así fue que los familiares que no habían reconocido a sus parientes en los video distribuidos como propaganda implícitamente celebrando la “mano dura” de Trump y Bukele.
Julio trabajó en un hotel y luego en un restaurante, preparando comida y lavando platos en Cornelius, Carolina del Norte. Su jefe da testimonio de su trabajo y confirma que nunca tuvo problemas de conducta ni indicios de pertenencia a una pandilla. Julio no tiene antecedentes penales en Venezuela, Perú, Chile ni en Estados Unidos. ICE o el DHS nunca le informaron de lo contrario. Sin embargo, está siendo tratado y castigado como si fuera un criminal peligroso en el CECOT en El Salvador. Se violó el debido proceso, Julio no es terrorista, criminal, ni miembro de ninguna pandilla, EE UU. No esta en guerra con Venezuela por lo que la Ley de Enemigos Extranjeros no aplica. Por todo esto Julio y otros en su situación deben de ser devueltos con sus familias en Estados Unidos, indemnizados y regularizados.
Aunque las personas ya no estén en territorio estadounidense, el gobierno que las expulsó debe ser considerado responsable de su bienestar en el extranjero, así como de haberlas privado de su libertad de manera extralegal e incluso de estar sujetas a trabajo forzado y otras vejaciones. Los reos están bajo custodia del CECOT pero bajo la responsabilidad y pago de EE. UU.
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